28 de septiembre de 2010

Presentación del Primer Informe de Actividades Legislativas

DISCURSO PRONUNCIADO POR EL DIPUTADO SALVADOR CARO CABRERA CON MOTIVO DE SU PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES LEGISLATIVAS


"Estamos aquí hoy presentes ya en un evento de los albores del Tercer Centenario del México independiente, es tiempo de la nueva política, la del trabajo y del cumplimiento, la de la esperanza.

Primero, quiero agradecer a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos.

Tenemos al Presidente de Partido Revolucionario Institucional en el Estado.

Amigos del distrito once, también les platico que hoy nos acompaña gente muy importante, a quienes considero nuestros aliados en la lucha por vivir con democracia y dignidad.

Al senador Ramiro Hernández, ingeniero estamos muy orgullosos de la forma en que ha representado a Jalisco en el Senado, gracias.

A mi amigo y compañero de batallas Eduardo Almaguer, a quien no tengo como pagar el respaldo y la amistad que me ha brindado. Gracias por compartir el esfuerzo que nos ha llevado a poder hacer política de pie y mirando de frente.

A los diputados federales, alcaldes de todo el Estado de Jalisco, a mis amigos diputados locales.

A mis amigas y amigos con los que he compartido proyectos sueños y anhelos de una sociedad mejor, donde se viva con tranquilidad y con justicia.

Me queda claro, todos ustedes son parte fundamental del futuro de Guadalajara y de Jalisco.

Distinguidos ciudadanos:

Vengo a rendir cuentas ante ustedes.

Hemos escuchado la presentación que tiene que ver con las que considero las principales acciones, y que no voy a repetir, y también las participaciones de dos piezas claves de este trabajo: Salma Meza y Martín López Cedillo.

A mis conciudadanos de este distrito once federal, les quiero decir que día a día hago el esfuerzo por ser digno representante de gente tan valiosa. Todos los días cuando entro al recinto y veo la imponente frase “la patria es primero” me acuerdo de nosotros y pienso: ustedes son mi patria.

La tarea en la Cámara de Diputados la tenemos que ver con objetividad. Nunca nadie está suficientemente preparado, nunca nadie hace lo suficiente. Son tantas las necesidades que sólo podemos caminar con la frente en alto si lo que se hace se realiza con un compromiso de todo corazón.

Como diputado federal quiero ser diferente, eso me ha permitido la fortuna de llegar a estar atrapado en esa indescriptible sensación cuando uno puede decir “hoy hice un bien a México”, y me he llenado de alegría y de esperanza en esos momentos, entonces me convenzo de que pasará la pesadilla que están viviendo mis amigos de El Zalate, de Miravalle, como la sufren el resto de los mexicanos, y que todo será mejor. Pero, no estoy satisfecho con lo realizado, quiero hacer más, mucho más.

Lo siento así porque me he llenado de entusiasmo y energía al escuchar a miles de personas que he visto en los recorridos de campaña, en las visitas a tianguis, mercados, colonias y agrupaciones, que he hecho desde que fui electo, y pienso en el compromiso con El Bethel, donde en una de las casillas tuve trescientos votos y el partido gobernante 7, y también me siento humilde.

Ahí he recogido la energía y el valor, por ejemplo, para votar en contra del aumento del IVA y otros impuestos. Así lo hice, cumpliendo con hechos, y lo volveré a hacer cueste lo cueste, mi compromiso, por encima de todo es con la gente, gente como la de la Benito Juárez o la Insurgentes, que se la juega, y más con la que menos tiene y requiere de la solidaridad y el compromiso de su diputado.

Porque mi partido no somos los diputados, ni los gobernantes, ni sus dirigentes, el PRI es su gente y las esperanzas de los tapatíos, de los jaliscienses y de los mexicanos, lo digo, porque González Pimienta y Almaguer coinciden conmigo.

La generación de empleo y la mejora de los ingresos es algo muy importante en lo que me ocupo. En este sentido dos cuestiones son sagradas para mí, el respeto a los derechos de los trabajadores y a su poder adquisitivo

Y la otra, respaldar a la gente de empresa que honestamente y siendo empleadores dignos dan fuentes de sustento a sus conciudadanos, ellos saben que es sacar adelante a una familia y una nómina al mismo tiempo.

Por gente como todos ustedes me he opuesto a acuerdos y propuestas en la cámara promovidas por las cúpulas parlamentarias insensibles.

Los problemas ocasionados por la delincuencia en Santa Cecilia, en la Echeverría, en mi ciudad, han sido acicate para luchar desde la comisión de seguridad a efecto que los municipios del país ejerzan mayores recursos, desde ahí he propuesto soluciones para que mis amigos los policías reciban un trato digno y mejores oportunidades en su profesionalización y en los recursos de los que disponen.

Desde inicio de la legislatura vengo luchando de mi trinchera para exigir a Calderón el cambio de estrategia en el combate al crimen organizado. Mi propuesta es impulsar una política de estado en la prevención, tratamiento y rehabilitación de las adicciones, varios países del mundo están teniendo éxito. Reitero ante ustedes mi compromiso de rechazar cualquier intento por legalizar las drogas, así me comprometí con las madres de la Nogalera, de Oblatos y de Rancho Nuevo.

En esta materia, reitero que soy un apasionado del orden, de la disciplina del aparato público y de la aplicación de toda la fuerza del Estado contra sus enemigos. Pero creo que la corrupción es la principal fuente de nuestros males, entre ellos la pobreza y la desigualdad social.

Son la pobreza y la ignorancia los factores que potencian la posibilidad de la delincuencia. Educación verdaderamente gratuita es parte importante de la solución, por eso apoyé la iniciativa que propone que la educación media superior sea obligatoria, y preparo un proyecto para la creación de un programa nacional de útiles gratuitos.

Comparto con ustedes hechos a favor de la movilidad. Recorriendo mi ciudad he visto la imperiosa necesidad de impulsar políticas de movilidad inteligentes, por eso propuse la creación de la ley nacional de promoción del uso de la bicicleta. Igualmente, junto con el diputado JOLOPO, propuse que se diera dinero para la nueva ruta del tren ligero de Guadalajara, reitero mi compromiso con medios sustentables, probados y financieramente viables, impulsados por gobiernos sensibles como lo es el tren ligero.

Igualmente, sin regateos, como secretario de la Comisión de Juventud y Deporte y coordinador del grupo de trabajo de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 he impulsado que la justa deportiva más importante de la que los mexicanos seremos sede en este sexenio tenga los recursos necesarios y he exigido a las autoridades deportivas el trato y el apoyo a los deportistas mexicanos.

De los Juegos Panamericanos heredaremos una infraestructura deportiva que permitirá que la más humilde niña tapatía pueda practicar la más sofisticada disciplina deportiva.

De la misma forma, con hechos logré 28 millones de pesos para que niños y jóvenes del Guadalajara y del resto de Jalisco tengan mejores espacios deportivos.

De mis 10 compromisos firmados ante el notario público Carlos Sepúlveda Valle, he trabajado en todos, con vocación plural he compartido esfuerzos e intercambió con diputados de todos los partidos representados en la cámara. Además de otros ya referidos también he concretado los siguientes

1. Renuncié al seguro de gastos médicos, mantengo la casa de enlace, un equipo de personas, un programa de útiles escolares y este informe lo estoy haciendo llegar a cada una de las casas del distrito, con recursos propios.

2. Con la diputada Diva Gastelum, estoy buscando que se reflejen mis compromisos a favor de la paternidad responsable. Ya basta de tipos que tienen hijos por todas partes y no los mantienen.

3. Propuse que se haga valer la ley federal del trabajo en protección al personal docente, administrativo y de servicios que labora dentro de los planteles educativos particulares establecidos dentro del territorio nacional. Todo lo que sea a favor de los maestros de México Suscribí la iniciativa que reforma el artículo 40 constitucional para incluir el concepto de estado, para que México se a una nación tolerante incluyente y respetuosa de todas las creencias

4. Siendo todavía regidor, logré, junto con mi amiga Claudia Delgadillo, cumplir un compromiso, conseguir el terreno para que mis distrito no sea el único carente de una preparatoria de la Universidad de Guadalajara

Llevo un año y voy ya más allá de la mitad, pero vamos por más, cumplo con hechos.

Mi trabajo en comisiones me ha llevado a distintas giras de las que destaco dos: la primera a Baja California para asistir al mundial de tae kwon do y para recorrer la infraestructura deportiva de ese estado, donde fungió como asistente de la delegación mi hijo Emilio, muchas gracias hijo, y al que invite con recursos propios.

De igual manera, la gira de la comisión especial de la industria automotriz, donde llegamos a importantes acuerdos con los productores de este sector generador de empleos, y en la que fui asistido por mi hijo Santiago, gracias Santi.

He asistido con la representación de la comisión de Juventud, o de grupos de amistad, con la representación de la propia Cámara a reuniones con distintos motivos con los embajadores de Irán, de la República Árabe Saharaui Democrática, de Italia y de Rusia.

Con agentes del sector privado local y nacional, siempre con el ánimo de apoyar para generar los empleos o la infraestructura que necesitamos.

A su vez, fui uno de los tres legisladores mexicanos delegados al primer foro mundial de legisladores de juventud, logrando que en la declaratoria final se incluyeran, entre otros puntos, que se instrumenten medidas para que especialistas atiendan la salud mental de los jóvenes, el establecimiento de programas de prevención, tratamiento y rehabilitación de adicciones y en los que se utilicen los avances científicos y tecnológicos disponibles, así como reducir la producción y el acceso a las armas para promover la paz, el orden, y la protección de los jóvenes especialmente en las zonas de conflicto.

Informo a ustedes que el grupo parlamentario me ha encargado dar seguimiento a la agenda digital en México, por lo que he tenido reuniones con representantes de desarrolladores de contenidos y servicios en Internet e investigadores sobre la red digital, que se han traducido en un valioso intercambio de opiniones para incentivar el acceso democrático del desarrollo tecnológico así como la disminución de la brecha digital en México; asimismo organicé dos Foros uno aquí en Guadalajara, denominado Las Redes Sociales en Jalisco, ¿cómo influimos en lo público? Y otro en la Cámara de Diputados, denominado El Acuerdo Comercial Anti-falsificación (ACTA) y su impacto en el entorno digital mexicano.

Amigas y amigos.

En el Muro de Honor del recinto de la Cámara de Diputados, a través de la quizá más célebre de sus frases, está presente Don Benito Juárez, el padre del estado mexicano, el hombre de carne y hueso, el puro, el libre, el más digno, el que era el mismo en su vida pública que en la privada, el que no tenía nada que esconder, el que llevaba la patria en los hombros de su traje de levita viajando en una diligencia.

Y yo tengo la osadía de medirme con Juárez, me mido con él todos los días para sentirme pequeño, para no creerme algo, para ser igual que cualquiera y no perder el piso; para saber que en los esfuerzos por tener una patria mejor soy igual que todos, sin ningún mérito particular, y entonces veo mis afanes empequeñecidos e inútiles para las cosas de la república. Sin embargo, tengo la firme convicción que esta es la justa medida que conviene a todos los que desean ejercer con probidad el servicio público.

Pero he sabido de los que no tienen a Juárez, peor para ellos que solazándose en los devaneos de su pequeñez, convierten a los cargos públicos como una ocasión de tropiezo y perdición. He sabido de los que se envilecen, de los que pierden el carácter, he sabido de los que gobiernan con pandillas de ineptos, de los que se creen, a fuerza de la adulación, alcanzar rango de semidioses, y los ciudadanos ya les parecemos poca cosa.

He sabido de los que no tienen a Juárez y con sus acciones han escrito el ocaso ominosos que tendrán en nuestra memoria y en la de la patria.

Hechos, para recibir el juicio ciudadano y porque nunca he tenido nada que ocultar, en los próximos días y con el ánimo de servir con humildad como representante popular, haré públicas mis declaraciones patrimoniales y fiscales desde que dejé de ser diputado local a la fecha. El futuro pasa por el escrutinio de las vidas públicas y privadas de los políticos.

Sí, malos políticos han deteriorado a las instituciones, entre ellas a los partidos, la ciudadanía está más cansada que nunca, y deberá ser ella el principal referente para la toma de decisiones, quién no volteé a los ojos de la ciudadanía por encima de los dirigentes, camarillas, o mafias, está perdido, y el juicio popular al que estaremos sometidos los políticos jamás habrá sido tan severo. Es hora de tomar partido, repudiemos de forma sistemática y cotidiana el privilegio y la corrupción.

Y tomar partido significa también que, por encima de las vicisitudes del presente, sembremos con energía la esperanza escuchando y cumpliendo los compromisos. Por ello quiero hacer un llamado a retomar el rumbo de la política, de la nueva política al servicio de la gente, de la nueva política para diseñar con imaginación un mejor futuro, de la política que mezcla innovación con experiencia, de la que combina edades con capacidades.

Imaginemos la política que debemos hacer, es muy fácil, mientras en Guadalajara haya un bebé sin guardería, un niño sin escuela, una familia sin alimentos, un jefe de familia sin trabajo, una mujer discriminada, una pareja sin vivienda digna, un enfermo sin atención, un joven sin oportunidades, un emprendedor sin crédito, un negocio sin licencia, sentiremos que la tarea no está concluida.

Mientras haya un peso que se desperdicia, una obra o servicio público que no sirva, una auditoría que no se realiza, un recurso que no se aplica, un empleado municipal sin capacitación, un policía mal pagado, un bombero sin seguridad social, un inspector corrupto, un político pidiendo porcentajes por adquisiciones o construcciones, la tarea no está hecha.

Amigas y amigos, la vamos a hacer. Muchas gracias por su apoyo."


7 de septiembre de 2010

Versión final acuerdo solicitud al Gobierno Mexicano de retirarse de negociaciones del ACTA

Punto de acuerdo, mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Gobierno Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, sus implicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, que permitan el desarrollo y la innovación, y al mismo tiempo, la protección y expansión de los bienes comunes y el dominio público, respetando la garantías individuales de los ciudadanos y su derecho a la información, con el fin de crear una nueva legislación.




CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E


El suscrito, Diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento punto de acuerdo mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Gobierno Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, sus implicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, que permitan el desarrollo y la innovación, y al mismo tiempo, la protección y expansión de los bienes comunes y el dominio público, respetando la garantías individuales de los ciudadanos y su derecho a la información, con el fin de crear una nueva legislación.


Exposición de motivos

1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 76, párrafo II, que el Senado, tiene, entre otras atribuciones, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.

2. Asimismo, la máxima norma de referencia señala en su artículo 89 fracción X que el Presidente de la República tiene como obligación, el dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.

3. Por otra parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica señala en su artículo 3 fracciones I y VI que para la aprobación de un tratado se observarán entre otros objetivos generales, el contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4. En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal anunció el 23 de octubre del 2007 que, derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, nuestro país participaría en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros países en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

5. El Gobierno Federal, a través del portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, (IMPI) señala que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) propuesto pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) para combatir de manera eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas y falsificados. ACTA versa de 3 áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y falsificación.

6. De igual manera, se indica que algunas posibles disposiciones en esta área pueden incluir: Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia, así como mejores prácticas, al expresar que los impulsadores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales y los titulares de los derechos. Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales relevantes. Los áreas para posibles disposiciones incluyen: Grupos de asesoría formal o informal público/privada sobre piratería y falsificación; fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de propiedad intelectual; medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como también mostrar los efectos del detrimento causados por infracciones de DPI.

7. Uno de los puntos nodales a negociar, lo constituye el tema del marco legal. Al respecto, el Gobierno Federal, a través del IMPI, señala que el último pilar del ACTA versa en proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas de la observancia y el poder judicial, con las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva con la falsificación y piratería a través de un fuerte y moderno marco legal. Las áreas para posibles disposiciones incluyen: Observancia en materia penal: medidas en frontera; observancia en materia civil; piratería de discos ópticos; y distribución vía internet e información tecnológica.

8. Es de destacarse que desde el inicio de las rondas de negociación entre los países interesados en suscribir ACTA, éstas se habían manejado con secrecía, y no fueron auspiciadas por ningún órgano internacional, por lo que trascendió por medio de información filtrada y no confirmada el momento en que éstas comenzaron a llevarse a cabo; posteriormente, se confirmó que desde el 2 de junio de 2008 hasta el 16 abril de 2010, se habían realizado ocho rondas de negociación, celebradas sucesivamente en Ginebra, Suiza; Washington D.C., U.S.A.; Tokio, Japón; París, Francia; Rabat, Marruecos; Seúl, Corea; Guadalajara, México, y Wellington, Nueva Zelanda.

Hasta la octava reunión de negociación de ACTA, el Ejecutivo Federal no había proporcionado información alguna al Senado de la República de los pormenores y avances en la negociación de dicho Acuerdo, irregularidad que motivó que la Cámara Alta aprobara, el 27 de abril de 2010, el dictamen con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por medio del cual se solicitó a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se remitiera a dicha Soberanía un informe completo sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) en los términos del artículo 5 de la Ley Sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que contuviera por lo menos los siguientes aspectos: I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo; II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y III. Un programa del proceso de negociación calendarizado.

9. En este orden de ideas, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/UEL/311/1677/10 de fecha 2 de junio de 2010, remitió a los Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, contestación al punto de acuerdo de referencia aprobado por el Senado, la cual consistió en el oficio 100.2010.DGE.0483 suscrito por el Director General de Enlace de la Secretaría de Economía, en el que remite, la respuesta del Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI).

10. En el documento suscrito por el Director General del IMPI, se señala que aunque los países signatarios reconocen la importancia de responder efectivamente al reto de la piratería en internet, confirmaron que ninguno está proponiendo en el referido Acuerdo, requerir a su gobierno un mandato de la llamada regla de las ¨tres notificaciones” (graduate response o three strikes) sobre infracción al derecho de autor en internet. Por lo tanto, mediante el acuerdo de referencia, se respecta la privacidad de los ciudadanos respecto a su derecho de libertad de expresión, ya que no se contempla monitorear la información que se distribuya a través de Internet.

11. De igual manera, indica: sin embargo, si contempla, que los países signatarios en su legislación nacional implementen una política interna para los proveedores de servicios de Internet puedan regular su uso a partir de notificaciones a los usuarios, en relación a aquellos portales con los cuales se realicen actividades de comercio ilegal o piratería, es decir, México llevaría a cabo el registro de los proveedores de servicio de Internet, con los requisitos necesarios para tales fines. Adicionalmente, se advierte que el ACTA será consistente con el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo los ADPIC) de la OMC.

12. Desde el inicio de las negociaciones de ACTA, representantes populares de países europeos involucrados, han manifestado su oposición a la totalidad del Acuerdo o al menos a varios puntos del mismo; en este sentido, los eurodiputados Françoise Castex, Zuzana Roithová, Alexander Alvaro y Stavros Lambrinidis, presentaron ante el Parlamento Europeo el punto de acuerdo Written declaration on the lack of a transparent process for the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) and potentially objectionable content; que se prevé, será discutido y votado el miércoles 8 de septiembre del presente año en dicha representación; la eurodiputada Castex refleja la opinión de numerosos legisladores de dicho continente, al señalar que ACTA, al incrementar las responsabilidades legales de los ISP’s transformando a éstos en auténticas policías del copyright, entra en una profunda contradicción con el estado de derecho y con la obligación de un juicio justo y podría traer graves complicaciones en cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y el derecho a la privacidad. Por otra parte, el Parlamento Europeo rechazó en marzo pasado, por una votación de más de 600 votos contra 13 votos, el enfoque de ACTA.

13. En este orden de ideas, el European Data Protection Supervisor emitió una opinión de más de 20 páginas detallando cómo ACTA amenaza la privacidad. De igual manera, en abril pasado, grupos de negocios y consumidores de Nueva Zelanda, publicaron la Declaración Wellington, que expresa gran preocupación por ACTA; dicho pronunciamiento, en menos de 24 horas de haberse dado a conocer en línea, había ya sido firmado por miles de personas. Cabe señalar que asimismo, organizaciones representativas a nivel internacional como Reporteros sin Fronteras, NetCoaltion, Electronic Frontier Foundation (EFF) y Senadores de varios países involucrados entre otros actores políticos y sociales, se han pronunciado firmemente contra el Acuerdo de referencia.

14. En este sentido, expertos en entorno digital y de empresas generadoras de contenidos y proveedoras de servicios en línea en México, así como la generalidad de los usuarios de redes sociales e Internet, han expresado su temor y escepticismo en cuanto a los verdaderos alcances del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación y su repercusión tanto en los derechos de usuarios de Internet como en los esfuerzos por impulsar políticas que faciliten la posibilidad de acceso a Internet a todos los mexicanos. Dichas preocupaciones han sido manifestadas en diversos foros como el organizado por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril denominado ACTA: repercusiones legislativas para las empresas proveedoras de servicios de internet y sus usuarios.

15. Empresas como Alestra, han señalado que si bien la piratería daña a los detentadores de derechos de la propiedad industrial al establecer barreras al crecimiento económico y afectar a la innovación y la calidad creativa y que la falsificación debe ser evitada, tanto en lo que corresponde a bienes intangibles, como en el ámbito digital, los términos de ACTA, específicamente en su sección 4, que obligan a los proveedores de servicios en Internet (ISP´s) a limitar o suspender el acceso de terceros (clientes) a material en línea que viole los derechos de terceros o del cual existan indicios de ello, y la obligación a los proveedores de servicios en Internet de implantar sistemas y políticas de monitoreo de tráfico, incluyendo comunicaciones, mensajes, gráficos, datos y archivos, además de ser técnicamente inviable, implica una clara violación a las garantías individuales, consagradas en el artículo 14 y 16 constitucionales, los cuales otorgan certeza jurídica a los particulares, al disponer que nadie puede ser molestado sin una orden judicial provista por autoridad competente, y que las comunicaciones privadas son inviolables, respectivamente.

16. Las anteriores acciones colocarían asimismo a los ISP´s en el supuesto violatorio del artículo 177 del Código Penal Federal, el cual establece como un delito, la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial Así, las empresas proveedoras de servicios serían orilladas a realizar actos contrarios a la ley y realizar acciones que en sentido estricto, corresponden al Estado.

17. En este sentido, los expertos consideran que ya existe en nuestra legislación un amplio marco jurídico para la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial, que encuentra su base en el artículo 28 constitucional, el cual sustenta la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. De igual manera, México ha suscrito el Convenio de Berna y el Tratado sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas (WPPT), estos dos últimos, auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).

18. Por otra parte, la restricción del libre acceso a usuarios a Internet de parte de los proveedores de servicios en línea por la simple sospecha de violación de los derechos de autor, implicaría una clara contradicción de los esfuerzos en materia regulatoria de promoción cultural digital. Es de destacar que, de acuerdo con datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Internet, existen 27.6 millones de usuarios de internet en México, con una tasa de penetración del 28%. De igual manera, se calcula que existen en nuestro país 18 millones de computadoras, de las cuales, 11 millones se encuentran conectadas a Internet. Sin embargo, se considera que nuestro país sufre una amplia brecha digital, en que la mayor parte de sus habitantes aún no tiene acceso al Internet.

19. ACTA no considera las especificidades y necesidades económicas, sociales y legales de nuestro país. En dicho Acuerdo, se importan dos conceptos del modelo norteamericano que se refieren básicamente a el safe harbor y las infracciones y responsabilidades secundarias, para el que induce o contribuye a la comisión de un delito. La Asociación Mexicana de Internet, ha señalado que no existen datos duros o cifras que demuestren la necesidad y/o los beneficios de adoptar este modelo importado y aplicarlo en nuestro país.

20. En este orden de ideas, el Gobierno de Brasil ha impulsado la implementación del software libre, así como sistemas de código abierto en las computadoras de las dependencias de gobierno, lo que en el año 2008 le proveyó ahorros por 167.8 millones de dólares; asimismo, ha desarrollado el proyecto PC Conectado, que ofrece a las familias de baja renta la posibilidad de adquirir computadoras con precios y condiciones favorables , acciones para disminuir la brecha digital en la población.

21. En este sentido, existen actualmente diversos modelos alternativos que han redefinido el paradigma de la protección de los derechos de autor, los cuales pueden ser más adecuados para las particularidades del entorno digital en México, y que se caracterizan por su novedad, eficacia y que fueron diseñados para ser aplicados en Internet. Entre éstos se encuentra el copyleft, término que engloba a las licencias libres que permiten, tanto un mayor control de los creadores de sus obras, investigaciones y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, como a los usuarios finales un mejor acceso y disfrute de los bienes, bajo este tipo de licencias no restrictivas . Por otra parte, el modelo creative commons, define un espacio que se encuentra en el espectro de la protección absoluta de los derechos de autor (todos los derechos reservados) y el dominio público (ningún derecho reservado). Las licencias ayudan a conservar los derechos autorales invitando a usar su obra bajo el esquema de ¨algunos derechos reservados¨.

22. Los términos y forma en la que el Ejecutivo Federal negocia ACTA, van en franca contradicción con los principios que, según nuestra Constitución y leyes señalan, deben observar los tratados internacionales en materia económica suscritos por nuestro país, como la contribución a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales con el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, los términos en que se está planteando ACTA son violatorios de las garantías individuales, expresadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el derecho a la protección de la privacidad de las comunicaciones entre particulares.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:




PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Envíese atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Gobierno Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo con otros países, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).

SEGUNDO. Se aprueba hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional, en la que se analicen los paradigmas actuales sobre modelos de producción, distribución y consumo cultural y comercial en Internet, sus implicaciones legales, tecnológicas y sociales, así como modelos alternativos de licenciamiento de propiedad intelectual, que permitan el desarrollo y la innovación, y al mismo tiempo, la protección y expansión de los bienes comunes y el dominio público, respetando la garantías individuales de los ciudadanos y su derecho a la información, con el fin de crear una nueva legislación.


Palacio Legislativo de San Lázaro, a 09 de septiembre de 2010.


DIP. SALVADOR CARO CABRERA

6 de septiembre de 2010

punto de acuerdo rspecto a la suspensión de las negociaciones del ACTA

Envío borrador sobre el tema , para su opinión.
Punto de acuerdo, mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual.
CIUDADANOS SECRETARIOS DE LA CÁMARA
DE DIPUTADOS DE LA LXI LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN
P R E S E N T E
El suscrito, Diputado Salvador Caro Cabrera, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, de conformidad con los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento punto de acuerdo mediante el cual se instruye enviar atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés), así como para hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual.
Exposición de motivos
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 76, párrafo II, que el Senado, tiene, entre otras atribuciones, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos.
2. Asimismo, la máxima norma de referencia señala en su artículo 89 fracción X que el Presidente de la República tiene como obligación, el dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos; la no intervención; la solución pacífica de controversias; la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales; la igualdad jurídica de los Estados; la cooperación internacional para el desarrollo; y la lucha por la paz y la seguridad internacionales.
3. Por otra parte, la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica señala en su artículo 3 fracciones I y VI que para la aprobación de un tratado se observarán entre otros objetivos generales, el contribuir a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales y el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
4. En este orden de ideas, el Ejecutivo Federal anunció el 23 de octubre del 2007 que, derivado del compromiso del Gobierno de México sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual, nuestro país participaría en discusiones preliminares conjuntas con Canadá, Estados Unidos de América, Japón, Unión Europea, Suiza, Nueva Zelanda y otros países en una propuesta de un Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).[1]
5. El Gobierno Federal, a través del portal oficial del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial, (IMPI) señala que el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) propuesto pretende establecer nuevos estándares para la observancia de los derechos de propiedad intelectual (DPI) para combatir de manera eficiente el crecimiento prolífico del comercio de bienes piratas y falsificados. ACTA versa de 3 áreas: a) incrementar la cooperación internacional, b) establecer mejores prácticas para la observancia; y, c) proporcionar un marco legal más efectivo para combatir la piratería y falsificación.[2]
6. De igual manera, se indica que algunas posibles disposiciones en esta área pueden incluir: Cooperación internacional entre autoridades encargadas de la observancia; capacitación y apoyo técnico para el mejoramiento de la observancia, así como mejores prácticas, al expresar que los impulsadores del ACTA creen que es crucial establecer mejores prácticas de observancia que promuevan una fuerte protección conjuntamente con los socios comerciales y los titulares de los derechos. Estas prácticas deberán de apoyar la aplicación de las herramientas legales relevantes. Los áreas para posibles disposiciones incluyen: Grupos de asesoría formal o informal público/privada sobre piratería y falsificación; fomentar la existencia de peritos/expertos en propiedad intelectual, dentro de las estructuras de observancia de la ley para asegurar un adecuado trato a los casos que se presenten en materia de propiedad intelectual; medidas para el aumento de la concientización pública sobre la importancia de la protección de los derechos de propiedad intelectual, así como también mostrar los efectos del detrimento causados por infracciones de DPI.
7. Uno de los puntos nodales a negociar, lo constituye el tema del marco legal. Al respecto, el Gobierno Federal, a través del IMPI, señala que el último pilar del ACTA versa en proveer a los ciudadanos, autoridades encargadas de la observancia y el poder judicial, con las herramientas apropiadas para tratar de manera efectiva con la falsificación y piratería a través de un fuerte y moderno marco legal. Las áreas para posibles disposiciones incluyen: Observancia en materia penal: medidas en frontera; observancia en materia civil; piratería de discos ópticos; y distribución vía internet e información tecnológica.[3]
8. Es de destacarse que desde el inicio de las rondas de negociación entre los países interesados en suscribir ACTA, éstas se habían manejado con secrecía, y no fueron auspiciadas por ningún órgano internacional, por lo que trascendió por medio de información filtrada y no confirmada el momento en que éstas comenzaron a llevarse a cabo; posteriormente, se confirmó que desde el 2 de junio de 2008 hasta el 16 abril de 2010, se habían realizado ocho rondas de negociación, celebradas sucesivamente en Ginebra, Suiza; Washington D.C., U.S.A.; Tokio, Japón; París, Francia; Rabat, Marruecos; Seúl, Corea; Guadalajara, México, y Wellington, Nueva Zelanda.
Hasta la octava reunión de negociación de ACTA, el Ejecutivo Federal no había proporcionado información alguna al Senado de la República de los pormenores y avances en la negociación de dicho Acuerdo, irregularidad que motivó que la Cámara Alta aprobara, el 27 de abril de 2010, el dictamen con punto de acuerdo presentado por la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, por medio del cual se solicitó a la Secretaría de Economía y al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se remitiera a dicha Soberanía un informe completo sobre el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) en los términos del artículo 5 de la Ley Sobre Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, que contuviera por lo menos los siguientes aspectos: I. Las razones para negociar así como las consecuencias de no hacerlo; II. Los beneficios y ventajas que se espera obtener de la negociación y la expectativa de cumplir con los objetivos de esta ley que correspondan conforme al tratado que se pretende celebrar, y III. Un programa del proceso de negociación calendarizado.
9. En este orden de ideas, la Subsecretaría de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, mediante oficio No. SEL/UEL/311/1677/10 de fecha 2 de junio de 2010, remitió a los Secretarios de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, contestación al punto de acuerdo de referencia aprobado por el Senado, la cual consistió en el oficio 100.2010.DGE.0483 suscrito por el Director General de Enlace de la Secretaría de Economía, en el que remite, la respuesta del Lic. Jorge Amigo Castañeda, Director General del Instituto Mexicano de la Propiedad industrial (IMPI).
10. En el documento suscrito por el Director General del IMPI, se señala que aunque los países signatarios reconocen la importancia de responder efectivamente al reto de la piratería en internet, confirmaron que ninguno está proponiendo en el referido Acuerdo, requerir a su gobierno un mandato de la llamada regla de las ¨tres notificaciones” (graduate response o three strikes) sobre infracción al derecho de autor en internet. Por lo tanto, mediante el acuerdo de referencia, se respecta la privacidad de los ciudadanos respecto a su derecho de libertad de expresión, ya que no se contempla monitorear la información que se distribuya a través de Internet.
11. De igual manera, indica: sin embargo, si contempla, que los países signatarios en su legislación nacional implementen una política interna para los proveedores de servicios de Internet puedan regular su uso a partir de notificaciones a los usuarios, en relación a aquellos portales con los cuales se realicen actividades de comercio ilegal o piratería, es decir, México llevaría a cabo el registro de los proveedores de servicio de Internet, con los requisitos necesarios para tales fines. Adicionalmente, se advierte que el ACTA será consistente con el Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo los ADPIC) de la OMC.
12. Desde el inicio de las negociaciones de ACTA, representantes populares de países europeos involucrados, han manifestado su oposición a la totalidad del Acuerdo o al menos a varios puntos del mismo; en este sentido, el Parlamento Europeo rechazó en marzo pasado, por una votación de más de 600 votos contra 13 votos, el enfoque de ACTA; por otra parte el European Data Protection Supervisor emitió una opinión de más de 20 páginas detallando cómo ACTA amenaza la privacidad. En abril pasado, grupos de negocios y consumidores de Nueva Zelanda, publicaron la Declaración Wellington, que expresa gran preocupación por ACTA; dicho pronunciamiento, en menos de 24 horas de haberse dado a conocer en línea, había ya sido firmado por miles de personas. Cabe señalar que asimismo, organizaciones representativas a nivel internacional como Reporteros sin Fronteras, NetCoaltion, y Senadores de varios países involucrados entre otros actores políticos y sociales, se han pronunciado firmemente contra el Acuerdo de referencia.[4]
  1. En este sentido, expertos en entorno digital y de empresas generadoras de contenidos y proveedoras de servicios en línea en México, así como la generalidad de los usuarios de redes sociales e Internet, han expresado su temor y escepticismo en cuanto a los verdaderos alcances del Acuerdo Comercial Anti-Falsificación y su repercusión tanto en los derechos de usuarios de Internet como en los esfuerzos por impulsar políticas que faciliten la posibilidad de acceso a Internet a todos los mexicanos. Dichas preocupaciones han sido manifestadas en diversos foros como el organizado por el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados el pasado 28 de abril denominado ACTA: repercusiones legislativas para las empresas proveedoras de servicios de internet y sus usuarios.
  1. Empresas como Alestra, han señalado que si bien la piratería daña a los detentadores de derechos de la propiedad industrial al establecer barreras al crecimiento económico y afectar a la innovación y la calidad creativa y que la falsificación debe ser evitada, tanto en lo que corresponde a bienes intangibles, como en el ámbito digital, los términos de ACTA, específicamente en su sección 4, que obligan a los proveedores de servicios en Internet (ISP´s) a limitar o suspender el acceso de terceros (clientes) a material en línea que viole los derechos de terceros o del cual existan indicios de ello, y la obligación a los proveedores de servicios en Internet de implantar sistemas y políticas de monitoreo de tráfico, incluyendo comunicaciones, mensajes, gráficos, datos y archivos, además de ser técnicamente inviable, implica una clara violación a las garantías individuales, consagradas en el artículo 14 y 16 constitucionales, los cuales otorgan certeza jurídica a los particulares, al disponer que nadie puede ser molestado sin una orden judicial provista por autoridad competente, y que las comunicaciones privadas son inviolables, respectivamente. [5]
  1. Las anteriores acciones colocarían asimismo a los ISP´s en el supuesto violatorio del artículo 177 del Código Penal Federal, el cual establece como un delito, la intervención de comunicaciones privadas sin mandato de la autoridad judicial Así, las empresas proveedoras de servicios serían orilladas a realizar actos contrarios a la ley y realizar acciones que en sentido estricto, corresponden al Estado.
  1. En este sentido, los expertos consideran que ya existe en nuestra legislación un amplio marco jurídico para la protección de los derechos de autor y de propiedad industrial, que encuentra su base en el artículo 28 constitucional, el cual sustenta la Ley Federal de Derechos de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial. De igual manera, México ha suscrito el Convenio de Berna y el Tratado sobre Derecho de Autor (WCT) y el Tratado sobre Interpretación y Ejecución de Fonogramas (WPPT), estos dos últimos, auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI).
  1. Por otra parte, la restricción del libre acceso a usuarios a Internet de parte de los proveedores de servicios en línea por la simple sospecha de violación de los derechos de autor, implicaría una clara contradicción de los esfuerzos en materia regulatoria de promoción cultural digital. Es de destacar que, de acuerdo con datos dados a conocer por la Asociación Mexicana de Internet, existen 27.6 millones de usuarios de internet en México, con una tasa de penetración del 28%. De igual manera, se calcula que existen en nuestro país 18 millones de computadoras, de las cuales, 11 millones se encuentran conectadas a Internet. Sin embargo, se considera que nuestro país sufre una amplia brecha digital, en que la mayor parte de sus habitantes aún no tiene acceso al Internet.
18. ACTA no considera las especificidades y necesidades económicas, sociales y legales de nuestro país. En dicho Acuerdo, se importan dos conceptos del modelo norteamericano que se refieren básicamente a el safe harbor y las infracciones y responsabilidades secundarias, para el que induce o contribuye a la comisión de un delito. La Asociación Mexicana de Internet, ha señalado que no existen datos duros o cifras que demuestren la necesidad y/o los beneficios de adoptar este modelo importado y aplicarlo en nuestro país.
19. En este orden de ideas, el Gobierno de Brasil ha impulsado la implementación del software libre, así como sistemas de código abierto en las computadoras de las dependencias de gobierno, lo que en el año 2008 le proveyó ahorros por 167.8 millones de dólares; asimismo, ha desarrollado el proyecto PC Conectado, que ofrece a las familias de baja renta la posibilidad de adquirir computadoras con precios y condiciones favorables[6], acciones para disminuir la brecha digital en la población.
  1. En este sentido, existen modelos alternativos de protección de los derechos de autor más adecuados para las particularidades del entorno digital en México, caracterizados por su novedad, eficacia y que fueron diseñados para ser aplicados en Internet. Entre éstos se encuentran las licencias copyleft, que son aquellas que, permitiendo un mayor control de los creadores de sus obras, investigaciones y proyectos y una remuneración compensatoria más razonable por su trabajo, también permiten a los usuarios finales un mejor acceso y disfrute de los bienes, bajo este tipo de licencias no restrictivas[7]. Por otra parte, el modelo creative commons, define un espacio que se encuentra en el espectro de la protección absoluta de los derechos de autor (todos los derechos reservados) y le dominio público (ningún derecho reservado). Las licencias ayudan a conservar los derechos autorales invitando a usar su obra bajo el esquema de ¨algunos derechos reservados¨.[8]
21. Los términos y forma en la que el Ejecutivo Federal negocia ACTA, van en franca contradicción con los principios que, según nuestra Constitución y leyes señalan, deben observar los tratados internacionales en materia económica suscritos por nuestro país, como la contribución a mejorar la calidad de vida y el nivel de bienestar de la población mexicana, así como promover la transparencia en las relaciones comerciales internacionales con el pleno respeto a los principios de política exterior de la fracción X del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, los términos en que se está planteando ACTA son violatorios de las garantías individuales, expresadas en los artículos 14 y 16 constitucionales, así como el derecho a la protección de la privacidad de las comunicaciones entre particulares.
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la elevada consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
PRIMERO. Envíese atento y respetuoso oficio al C. Titular del Poder Ejecutivo Federal, para solicitarle que el Estado Mexicano se retire de las negociaciones que actualmente se llevan a cabo con otros países, para suscribir el Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA, por sus siglas en inglés).
SEGUNDO. Se aprueba hacer un exhorto a las Cámaras que conforman el H. Congreso de la Unión, a fin de que convoquen a una convención nacional cuyo tema sea la propiedad intelectual, en el que se analicen modelos alternativos de protección de propiedad intelectual que sean propicios para nuestro país.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 01 de septiembre de 2010.
DIP. SALVADOR CARO CABRERA



[1] Fuente: http://www.impi.gob.mx/wb/IMPI/acuerdo_comercial_antifalsificacion. Día de cosulta 03/08/2010, 10:44 hrs.
[2] Ídem.
[3] Ibídem.
[4] Información dada a conocer por Manuel Tamez, representante de negocios para México y CentroAmérica de Google, Inc., el 28 de abril de 2010.
[6] http://www.softwarelibre.cl/drupal//?q=node/81
[7] http://fundacioncopyleft.org/
[8] http://creativecommons.org.mx/